Desde el desarrollo y expansión de las ciudades, las epidemias han sido un problema debido a las aglomeraciones humanas, estas condiciones afectan la salubridad haciendo que las enfermedades y epidemias sean de difícil control. Para dar respuesta a estas condiciones, la planificación territorial busca la mejora de calidad de vida y estructura urbana, siendo una herramienta para suprimir las condiciones de hacinamiento y mejorar la salubridad de las urbes. 

No obstante, la situación actual dada por el COVID-19 podría cambiar la forma en la que se crean y desarrollan las ciudades y sobre todo como vivimos en ellas, cuestionando las condiciones de vida de la población, interacción humana y la capacidad de dotación de las ciudades en términos de infraestructura, la cual debe ser suficiente para dar respuesta a estas epidemias. 

Siendo así, es necesario recuperar los derechos básicos como la sanidad, la educación, servicios de salud, la vivienda o el derecho a la ciudad, donde se garantice una vida digna para todos los ciudadanos y no solo para una minoría privilegiada.

De esta forma, entendiendo la necesidad de reestructuración para las dinámicas sociales, el derecho a la ciudad aboca por una transformación social como un derecho a la revitalización de la vida urbana, que se traduce en el “buen vivir” individual y grupal. Sin embargo, la segregación espacial, la restricción en la participación y carencia de servicios, dificulta que la mayoría de los habitantes tengan acceso a estos servicios, hoy día privatizados. 

De esa manera, se ha desarrollo muy poco el componente dotacional y social, agravando la densidad de población de las ciudades y su capacidad de dotar servicios básicos para la población; un resultado directo de la carencia de políticas públicas urbanas y procesos sociales de satisfacción colectiva.

De acuerdo a esto, se proponen temas y problemas complejos de investigación en el sector de salud pública, producción social, actividades económicas, participación política y desarrollo digital; no solo para dar respuesta al COVID-19 y las demás eventualidades futuras, sino para planificar y pensar nuevos escenarios en los que cada vez el desarrollo de nuevos métodos de investigación brinde una respuesta rápida y efectiva a situaciones desconocidas, potenciando el aprendizaje colectivo.

El derecho a la ciudad da apertura a una dinámica de nuevas oportunidades. El debate se ha centrado en las posibilidades de incrementar el capital social y la interrelación de organismos de cooperación, solventando las participaciones sociales, la exigencia de derechos humanos y sobre todo el medio para acceder a estos, priorizando la infraestructura de servicios de salud y demás equipamientos institucionales, se garantiza la accesibilidad a los servicios básicos de la ciudad.

Siendo este un punto de inflexión para todas las urbes, esta pandemia logra ser una “destrucción creadora” de nuevas dinámicas sociales, espaciales, productivas y económicas, dándole un nuevo significado o reinventando a las ciudades como un “organismo vivo” integrando los anhelos de la ciudad o el espacio que se quiere habitar, diseñado a partir de las necesidades principales de la ciudadanía.

Queda para reflexionar, como esta crisis genera cambios individuales con respuestas colectivas, siendo esta una posibilidad de incidir positivamente en la interacción humana y sobre todo en la ciudad que habitamos.